Queremos mostrar nuestro rechazo a los planes de algunos gobiernos municipales de modificar las condiciones de acceso a la bonificación del IBI para familias numerosas, que, de ser aprobadas, perjudicarán a gran parte de estas familias. En concreto, se plantea reducir los valores catastrales de las viviendas admitidos para poder acceder a esta bonificación lo que supondrá que muchas familias con viviendas de tamaño medio no puedan aplicar la reducción en el IBI por superar el umbral establecido.Esta bonificación, que en algunos ayuntamientos está limitada por renta o valor catastral de la vivienda, va a ser ahora mucho más restrictiva en muchas ciudades que han decidido reducir los límites de los valores catastrales fijados. Es el caso de Valencia, Córdoba o Jaén y otras localidades más pequeñas como Vinarós (Castellón), Badalona (Barcelona) o San Sebastián de los Reyes (Madrid).
El argumento manejado por los equipos de gobierno de estos municipios es que no se debe bonificar a los ricos y que los que accedan a la bonificación en el IBI deben tener viviendas con valores catastrales bajos. Para nosotros, se trata de un planteamiento muy simple e injusto respecto a quiénes son los ricos y quiénes los pobres, ya que establece el poder adquisitivo de un ciudadano únicamente por el valor catastral de su vivienda, sin tener en cuenta otros factores como el número de personas que viven bajo ese techo. Esto es algo muy importante porque no es lo mismo un piso de 90 m2 para una familia de 4 hijos que para una pareja sin hijos. Es más, si se hace un cálculo muy sencillo dividiendo la superficie total de la casa por el número de miembros que la ocupan, se ve perfectamente que las familias numerosas ocupan una superficie pequeña en comparación con otros ciudadano; sería el caso de una familia de 8 miembros viviendo en una casa de 160 m2 (20 m2 por persona) contra un soltero en un apartamento de 50 m2.
Manifiestamos públicamente nuestro rechazo al planteamiento de estos ayuntamientos y recordamos que, lejos de ser penalizadas, las familias con más hijos deben ser protegidas económica y socialmente por los poderes públicos porque están aportando capital humano, que es algo básico para el conjunto de la sociedad. Además de la aportación que las familias hacen al municipio en la economía local, mediante el pago de tributos, consumo en comercios, transporte, etc., las familias con hijos aportan los que serán los futuros contribuyentes de la seguridad social, pilar fundamental para el mantenimiento futuro del bienestar social: pensiones, sanidad, educación, Servicios Sociales, etc. Esto es algo que está reconocido y compensado en toda Europa a través de políticas familiares; aquí parece que se castiga a los que más hijos tienen, pensando que porque viven en una casa grande, que es lo que necesitan para caber, ya son ricos; es una total injusticia.
La organización familiar lamenta que esta postura no se dé como caso aislado en un municipio, sino una tendencia común a varios ayuntamientos, pero confía en que en todos ellos prime el sentido común y que las corporaciones municipales no apoyen finalmente esta propuesta que perjudicaría a la mayoría de familias numerosas.
Federico Costa-Jussá Bordas
Dtor. Ejecutivo FANUCOVA
(Federación de Asociaciones de Familias Numerosas de la Comunidad Valenciana)
